Los desarrollistas tendrán que solicitar autorización para poder extraer este tipo de ejemplares. Apuntan a que esto se transforme en una política de Estado.
El Ejecutivo Municipal promulgó la Ordenanza N° 1404/2026, una nueva normativa que establece criterios para la protección del arbolado nativo en terrenos privados, especialmente en zonas definidas como áreas de resguardo ambiental.
La medida busca preservar el patrimonio natural local frente al crecimiento urbano y nuevas intervenciones edilicias. Cabe destacar que ya hay alrededor de 2500 lotes en pleno desarrollo dentro de la jurisdicción.
Sinsacate está atravesando el periodo de mayor expansión y crecimiento poblacional y habitacional en toda su historia.
Para iniciar el trámite de loteo o construcción, se debe tener realizado el relevamiento de especies nativas en formato de declaración jurada
La normativa establece la protección del 100% de la vegetación de retiro (incluye frente, laterales y fondo), con lo cual, no se podrá extraer ningún árbol preexistente.
Además, queda protegido el 50 % de la vegetación presente en el resto del lote y sólo el municipio tendrá la potestad de autorizar la remoción, previo análisis técnico.
Puntos clave de la nueva normativa
La ordenanza tiene como objetivo principal conservar las especies autóctonas dentro de propiedades privadas.
Aplica especialmente en zonas identificadas como áreas de protección por el Municipio y la Provincia.
Relevamiento obligatorio previo
Antes de cualquier intervención, los propietarios deberán realizar un relevamiento de la cantidad de árboles en el lote, el tamaño de cada uno de ellos, ya que la ordenanza también protege los arbustos y elevar un informe al municipio.
Queda estrictamente prohibido realizar cualquier tipo de tala o daño en las especies que estén protegidas, o proceder a la remoción sin autorización previa.
Toda nueva construcción tendrá que respetar el arbolado existente y las “razones constructivas” no serán justificación suficiente para evitar las sanciones previstas en la misma ordenanza, que contempla multas de hasta 20 millones de pesos.
