La iniciativa plantea riesgos significativos para el acceso a derechos y prestaciones esenciales, con impacto en la continuidad de apoyos y servicios fundamentales.
El Poder Ejecutivo nacional envió al Senado un proyecto de ley que propone una modificación del régimen de pensiones por invalidez, generando preocupación en organizaciones sociales y familias de personas con discapacidad.
La iniciativa, titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” y firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, introduce cambios estructurales sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793.
Entre los puntos centrales, el proyecto establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Aquellos beneficiarios que no completen el trámite dentro de los plazos previstos verían suspendido automáticamente el pago, con posibilidad de perder definitivamente el beneficio.
Además, la iniciativa plantea la derogación de varios artículos claves de la ley vigente, que garantizaban la universalidad de las prestaciones. Esto implicaría un retroceso al esquema previo a la declaración de emergencia.
También elimina herramientas que permitían actualizar montos por invalidez o por zonas geográficas desfavorables, y suprime el nomenclador de prestaciones, que fijaba estándares mínimos de calidad en la atención.
Otro de los aspectos más cuestionados es la introducción de una “incompatibilidad absoluta” entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal registrado.
De aprobarse, esta medida impediría que las personas con discapacidad puedan insertarse en el mercado laboral sin perder el beneficio, eliminando además referencias a programas de inclusión laboral y estímulos para empresas que contraten a este colectivo.
El proyecto generó fuertes críticas. Angie Vázquez, madre de un niño con discapacidad, expresó su preocupación:
“Nos están queriendo sacar completamente del sistema. Es un abandono”.
Mientras el proyecto comienza su tratamiento en el Senado, distintos sectores advierten sobre el impacto social que podría tener la reforma, en un contexto donde ya existen cuestionamientos por el incumplimiento de la normativa vigente pese a fallos judiciales.
23-04-26
