Se lograron constatar al menos 206 hechos de estafa y hay alrededor de 900 acreedores que esperan recuperar su dinero. Parte de los fondos habría sido utilizado en gastos personales. Una de las acusadas cumple prisión domiciliaria en Sierras Chicas.
En mayo se cumplirán dos años desde que Noticias Jesús María dio a conocer las denuncias de cientos de familias damnificadas por la empresa Conoc SRL, dedicada a la construcción de viviendas.
La firma cobró millones de pesos por casas que nunca fueron entregadas. Con el avance de las denuncias, la causa tomó estado público y la Justicia dictó la prisión preventiva para sus propietarios, Ezequiel y Verónica Ocaña.
Meses después, Verónica Ocaña accedió al beneficio de la prisión domiciliaria —“en diciembre de 2025”— por cuestiones vinculadas al cuidado de sus hijos. Actualmente reside en un dúplex alquilado en Salsipuedes, con monitoreo mediante tobillera electrónica.
Por su parte, Ezequiel Ocaña permanece detenido en la cárcel de Bouwer, mientras avanza el proceso judicial, que tiene instancias tanto penales como civiles.
En Jesús María también hubo decenas de damnificados. La empresa había adquirido un lote en barrio Santa Elena, pero nunca inició las obras comprometidas.
El abogado Nicolás Clapier, representante de un importante grupo de damnificados, confirmó que en el fuero penal ya se constataron 206 hechos de estafa. En paralelo, en la causa civil se registran cerca de 900 acreedores, una cifra que podría incrementarse tras la revisión final.
Conoc operaba a través de las firmas Khaliq Anwae SRL y Vlacol SAS, y actualmente atraviesa un concurso preventivo de acreedores, lo que permitió a sus propietarios mantener el control de la administración.
Según un informe del estudio jurídico que representa a los damnificados, el juez de la causa, Oscar Lucas Dracich Loza, advirtió sobre posibles maniobras en perjuicio de los acreedores.
En la misma línea, la Sindicatura del concurso confirmó la paralización total de las obras y señaló que la empresa continuó percibiendo pagos sin reinvertir en la actividad.
Los registros indican que ingresaron $187.802.398,05 a través de pagos online, de los cuales $178.758.564,18 fueron transferidos a terceros. Esto podría evidenciar un vaciamiento de la firma y el desvío de fondos hacia cuentas vinculadas a familiares y allegados.
El informe concluye que estas maniobras no solo perjudicaron gravemente a los damnificados, sino que también podrían configurar nuevos delitos penales que la Justicia deberá investigar.
A dos años del inicio del escándalo, la causa sigue en curso y cientos de familias continúan esperando recuperar, al menos en parte, los ahorros invertidos en un proyecto que nunca se concretó.
15-04-26
