Así lo confirmó la Cámara de Acusación de Córdoba, que ya tiene entre las cuerdas a Ginés Martín Jodar, acusado de múltiples casos, entre los que se destaca la tenencia y producción de material pornográfico infantil.
La Cámara de Acusación de Córdoba confirmó este jueves la elevación a juicio de la causa contra Ginés Martín Jodar, el exasesor letrado del Poder Judicial acusado de haber instalado cámaras ocultas para filmar a sus compañeras en los baños de los Tribunales de Río Segundo y de Jesús María
La resolución, dictada este 24 de septiembre, rechazó las principales objeciones presentadas por la defensa contra la elevación a juicio que había dispuesto primero la Fiscalía de Cibercrimen a cargo de Franco Pilnik y luego el Juzgado de Control y Faltas 3. Así, quedó abierto el camino para que el caso llegue al juicio oral.
Jodar deberá responder como supuesto autor de tenencia de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes agravada por la presencia de menores de 13 años; producción de ese material; abuso sexual simple reiterado en 17 hechos y abuso sexual simple en concurso con lesiones graves agravadas por mediar violencia de género en otros dos hechos.
La Cámara sí hizo lugar parcialmente a la apelación y sobreseyó al acusado por el delito de violación de domicilio. Consideró que la figura requiere el ingreso físico a un ámbito de intimidad ajeno y que observar de manera remota a través de una cámara no puede equipararse penalmente a “entrar” a ese espacio.
Un caso que comenzó en un baño
La investigación se inició a mediados de 2023, cuando una trabajadora de limpieza de los Tribunales de Río Segundo detectó una cámara escondida en el baño de mujeres. El hallazgo abrió una investigación que luego se extendió a Jesús María, donde Jodar también cumplía funciones como asesor letrado itinerante.
Según la investigación, las cámaras eran ocultadas debajo de las bachas o en otros sectores de los baños y permitían observar y archivar imágenes de las mujeres que ingresaban, todas trabajadoras de Tribunales.
El exasesor del Poder Judicial deberá afrontar un juicio por abuso sexual y tenencia de material de abuso sexual infantil. (-)
Uno de los puntos clave de la resolución es que la Cámara ratificó que el abuso sexual no requiere necesariamente contacto físico, como había planteado la fiscalía que investigó.
La Cámara retomó la doctrina fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en el precedente “caso Carignano”. Allí se indica que la colocación de cámaras ocultas para registrar imágenes íntimas puede constituir una forma de vulneración de la integridad sexual.
La Cámara también sostuvo las imputaciones por las lesiones psicológicas sufridas por dos de las víctimas. Las pericias acreditaron cuadros de estrés postraumático crónico, ataques de pánico, ansiedad y depresión, con impacto en sus vidas laborales, sociales y personales.
Pedido de licencias
Esta causa además tuvo una fuerte repercusión dentro del propio Poder Judicial. Las trabajadoras afectadas reclamaron durante estos años reconocimiento y medidas de protección.
En el fuero de violencia de género, los hechos fueron considerados violencia psicológica y sexual en el ámbito laboral y ordenaron una licencia de un mes para cada trabajadora. Sin embargo, hasta la fecha esa medida no fue cumplida por el Poder Judicial, encargado de que se hagan efectivas las licencias.
Seguirá detenido, pero en su domicilio
La Cámara confirmó también la prisión preventiva de Jodar, quien está detenido desde diciembre de 2023, aunque modificó la modalidad: desde ahora será un arresto domiciliario con tobillera electrónica.
Jodar tendrá prohibido cualquier contacto directo o indirecto con las víctimas y los peritos de la causa.
24-09-26
Fuente: La Voz del Interior
