El Concejo Deliberante acaba de aprobar una estricta regulación de este tipo de unidades habitacionales. Los interesados en construirlas tendrán que presentar un informe socioeconómico.
En los últimos años se viene observando un crecimiento en la cantidad de viviendas prefabricadas que se instalan en distintos puntos de la ciudad.
El tema comenzó a preocupar a las autoridades, dado que este tipo de viviendas no cumplen con el tamaño de los espacios mínimos que exige el Código Urbanístico.
Sumado a ello, algunos inversionistas encontraron la veta para poder disponer de casas prefabricadas y sacarlas al mercado de los alquileres.
Es por eso que hace pocos días, el Concejo Deliberante de la ciudad aprobó por unanimidad una ordenanza que regula este tipo de construcciones, que tienen un costo que está muy por debajo de aquellas que se edifican utilizando materiales de construcción tradicionales.
El Legislativo tuvo en cuenta la alta demanda de estas unidades, sobre todo en un contexto económico adverso para gran parte de la población.
La flamante legislación exige como requisito indispensable la presentación de un informe socioeconómico ante el municipio, que debe certificar la situación de “vulnerabilidad” del solicitante.
De forma excepcional, se permitirá que las dimensiones totales de la vivienda, así como las superficies mínimas por ambiente, sean inferiores a lo establecido por la normativa vigente.
Además, en el caso de las viviendas de hasta cien metros cuadrados de superficie total, no se aplicarán tasas* ni derechos de construcción para el trámite de regularización.
Entre otros puntos, la norma autoriza la instalación de una sola unidad por lote, destinada exclusivamente a vivienda unifamiliar.
También se deberá presentar proforma de solicitud y documentación técnica completa (planos de relevamiento, informe técnico firmado por profesional habilitado, memoria técnica de la empresa constructora).
La Autoridad de Aplicación será la Secretaría de Economía y Finanzas, y la normativa entrará en vigencia apenas sea promulgada por parte del Poder Ejecutivo.
