Empresas de urgencias fueron contratadas para asistir cuando tengan ambulancias disponibles

Región. Los municipios tienen en claro que los dos servicios privados sólo podrán brindar atención en accidentes cuando posean unidades disponibles. Hablamos con el propietario de una de las dos firmas que trabajan en la zona y nos brindó una amplia visión sobre esta problemática. La Provincia y las municipalidades tienen la responsabilidad de garantizar esta asistencia. El mayor escollo: los costos. 

Por Nicolás Luque

Jorge Castilla es el fundador y propietario de la empresa SUM (Servicios de Urgencias Médicas), y conoce como nadie este esquema de prestaciones. En la zona hay dos firmas que brindan el mismo servicio y el tema nunca deja de ser motivo de algunas discrepancias. 

En diálogo con Noticias Jesús María, dejó en claro que la responsabilidad de brindar asistencia médica en la vía pública es de la Provincia y, en segundo lugar, de los municipios. 

“Lo pueden hacer en forma directa o en forma articulada con las empresas privadas, tercerizando el servicio, como puede ser en nuestro caso”, puntualizó. 

¿Hay posibilidades de que los municipios puedan crear un sistema público de ambulancias?

Si bien en la zona hubo diversos intentos de establecer un esquema ampliado de asistencia en accidentología vial, nunca se llegó a un acuerdo real por los altos costos que tiene el sostenimiento de este tipo de estructuras. 

Mantener una ambulancia con médico y paramédico, las 24 horas del día, los 365 días del año, tiene un costo de unos 4 millones de pesos mensuales. Ningún municipio está dispuesto, ni en condiciones, de solventar semejante inversión sanitaria. 

Es por eso que rige un acuerdo para que “las empresas de emergencia utilicen su capacidad ociosa, o en el momento en que tengan disponibilidad, y en coincidencia con la accidentología, puedan prestar servicios” en siniestros viales. 

Este es el principal punto de controversia cuando, muchas veces, la ciudadanía, e incluso los medios, cuestionan que no llegó, o llegó a destiempo, una ambulancia. Pero en realidad ese es el trato al que llegaron los municipios con las empresas de emergencias. 

Castilla advirtió: “Es importante que la población sepa que no es una cuestión intencional de no asistir, sino una cuestión de disponibilidad”. Muchas veces los móviles están siendo usados, lógicamente, por los asociados de las empresas. 

Y añadió: “Los municipios nos contratan para atender sabiendo que tenemos esa falencia, no tenemos móviles disponibles a disposición de la vía pública, lamentablemente no los tenemos porque no hay quien los financie”. 

Como ya lo anticipó Noticias Jesús María, hay un trabajo que se está llevando a cabo con el Ministerio de Salud en este sentido, pero requiere, en primer lugar, del financiamiento. 

Con esto, se intenta dejar en claro que, por una parte, las empresas de emergencias hacen hasta donde les da su capacidad operativa y los municipios se ven imposibilitados de tener ambulancias propias por una cuestión de falta de recursos económicos. 

En el medio queda la gente, sobre todo en los sectores más alejados, que muchas veces no puede contar con una unidad de traslado –que, en el caso de las empresas locales, son terapias intensivas móviles- ante algún siniestro en la vía pública. 

Como lo hemos reflejado aquí, a veces los móviles policiales ofician de ambulancias. Sucede que hay un cuello de botella difícil de solucionar. 

Los colegios cuentan con zonas protegidas

Por otra parte, Castilla también quiso aclarar lo que ocurre en muchos de los colegios, que vienen planteando el costo que implica la contratación de los servicios de urgencias médicas para las instituciones. 

En cuanto a lo económico, es legítimo que una empresa privada ponga un valor a sus prestaciones. La pregunta que debemos hacernos es si, en este caso, no sería obligación y responsabilidad del Estado cubrir estos gastos.

Castilla sostuvo que SUM asiste al 80% de los colegios de la zona y siempre hay una negociación para brindar el servicio de área protegida. 

Contó que la misma empresa brinda cursos de primeros auxilios en forma gratuita para garantizar que la misma comunidad educativa pueda realizar algunas maniobras hasta tanto arribe la ambulancia. Además, se establecen algunos parámetros para identificar qué es una “emergencia” –riesgo de vida real-, o una “urgencia” –riesgo de vida potencial-, que son las dos situaciones en que están obligados a asistir. 

Cuando se trata de cuestiones “menores”, es decir, afecciones que no implican un riesgo de vida, se cobra un canon adicional definido. 

“El servicio está y tiene que ser bien utilizado porque el concepto de área protegida es para urgencias y emergencias, no para cuestiones menores que no tienen ningún riesgo”, afirmó. 

Castilla también dejó en claro que el “triaje” médico, es decir, el diagnóstico, lo hacen los profesionales médicos de la empresa, pero sí se establecen parámetros para que los miembros de la comunidad educativa puedan identificar la gravedad de cada situación. 

Como vemos, se trata de un esquema muy complejo, que requiere el compromiso por parte del Estado, que debe acordar y hacer eficiente el uso de una capacidad operativa que es finita y requiere de una enorme inversión para su funcionamiento. 

Ambulancias: La Provincia en diálogo abierto con los municipios

17-07-22