#AbusoPolicial: Tras ocho años, sigue pidiendo justicia

RETROSPECTIVA | Luego de las acusaciones más recientes por presuntos casos de  abuso de autoridad policíaca y gatillo fácil en Córdoba, miramos hacia atrás e investigamos qué pasó con las denuncias más resonantes de los últimos años, en Jesús María. Aquí, el caso de Franco Farías: espera justica hace ocho años, tras denunciar ser víctima de presunto abuso policial en una noche de Festival.

Jesús María.- Franco Samuel Farías y Alexis Ibarra siguen pidiendo justicia tras haber sido detenidos sin razón aparente y presionados por uniformados para eliminar un video en el cual habrían registrado un episodio de presunto abuso policial, en enero de 2012, en la terminal de ómnibus de la ciudad, según se acusa en el juicio que desde el año 2018 está en desarrollo.

Según contó Farías, periodista del Diario Primer Informe y quien había filmado la situación en cuestión, en el juicio que está en manos de la Cámara 4ta. del crimen, en Tribunales II, Córdoba capital, se resolvió sentenciar a dos uniformados: Germán Pereyra y Ricardo Presidente, como responsables de los siguientes cargos:

“Coautores de los delitos de coacción y privación ilegítima de la libertad, con pena de tres años de prisión - a ejecución condicional - y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos”, sentencia que fue apelada por la defensa, razón por la cual la causa fue elevada al Tribunal Superior de Justicia y de la cual no habría novedades a la fecha.

Mirando hacia atrás

Farías e Ibarra son vecinos de la localidad de San José de la Dormida y durante una noche de enero de 2012, resolvieron visitar la ciudad de Jesús María para disfrutar de una tradicional noche de Festival de Doma y Folklore para luego ir a un local bailable y de allí, regresar a su hogar en colectivo, razón por la cual aducen haber ido a la terminal de ómnibus de la ciudad.

“Nos llamó la atención que estaban deteniendo a un joven de una forma muy violenta - eran varios los policías - y no era un chico que estuviera resistiéndose, sino que se quejaba de la forma en la que lo estaban maltratando, le retorcían el brazo y demás. Entonces yo empecé a filmar disimuladamente lo que pasaba”, recuerda Franco que, en su momento, tenía 22 años de edad.

El periodista recuerda que en la filmación que había capturado se veía, además, cómo se bajaba un efectivo policial de infantería que estaba dentro de un colectivo y le propinó un golpe en la cabeza al mismo chico que estaba siendo apresado.  

A posterior, Ibarra y Farías se sientan en unos bancos en la plaza San Martín a la espera del transporte cuando aseguran se les acercó un policía, uniformado, con una mochila, sin identificación y les increpa: “’Ustedes filmaron. Vos filmaste. Te voy a llevar a la policía’”, recuerda el comunicador.

Tal es así que, sin oponer resistencia, ambos hacen caso a la autoridad y acompañan al efectivo policial hasta la comisaría que se encuentra cruzando la calle, pensando que se hallarían frente a un comisario explicando lo ocurrido, sin mayores consecuencias.

“Nos meten al patio interno de la comisaría donde están los calabozos y nos detienen”, continúa relatando Franco. “En un momento estábamos en la fila sacándonos los cordones de las zapatillas como si fuéramos delincuentes que nos acababan de detener y entregando nuestras pertenencias”, recordó.

A posterior, Farías rememora que los uniformados, hoy imputados, Germán Pereyra y Ricardo Presidente, lo llevan a una pequeña habitación que daba a patio interno de la comisaría: “Me arrinconan y – piden - que les mostrara lo que había grabado. Me dicen: ‘borralo o te vamos a golpear’. Logro sacar el teléfono y me hacen borrarlo”.

Franco cuenta que los efectivos, al momento de exigirle que borre el video, ironizaron preguntándole si era periodista, a lo cual él responde que sí y fue allí cuando sintió mayor presión.

“Yo contra un rincón, con dos policías grandotes, robustos, no tenía salida. Me sacan de donde estaba. Mi amigo había quedado en la fila. Un policía lo empuja y le golpea la cabeza. Nos dejaron ahí y pasamos derecho a los calabozos”, sigue contando el denunciante.

Farías asegura que durante todo este proceso, nunca se les permitió tomar contacto con familiares para informar de su detención, con representantes legales o cualquier otra persona, pasando nueve horas detenidos, sin razón lícita aparente.

Pero allí no terminan los detalles que versan sobre una causa aún en plena investigación, Farías asegura que durante la detención identificaron muchas actitudes irregulares en la forma de proceder de los uniformados de aquel entonces, como la ausencia de la identificación o el intercambio de las mismas entre uniformados.

En este sentido, Franco señala que en el juicio cuentan que “Presidente” usaba una identificación bajo el apellido de “Salazar”, razón por la cual al momento de la ronda de reconocimiento, a los denunciantes les era imposible identificar a quien estaban intentando acusar de abuso de autoridad, dado que no coincidían los apellidos.

En el avance del relato, Farías continúa diciendo que “cuando estamos por salir – de la comisaría -, nos ‘revisa’ la médica policial… mirándonos, en el patio interno de la comisaría, y pone que estábamos bien. No nos revisó absolutamente nada. Cuando le quiero reprochar qué estaba poniendo, decía que supuestamente habíamos ingresado por estado de ebriedad y en esa época ni tomábamos”.

Finalmente logran salir luego de que otro uniformado los increpara diciendo “que me callara o me iban a meter preso un tiempo más”.

Denuncia inmediata

Luego de la situación que aducen los denunciantes, no pasa demasiado tiempo hasta que se hacen presentes ante el Tribunal de Conducta Policial de Córdoba para radicar la denuncia por abuso de autoridad policial, a priori.

Dada la notoriedad de la acusación, la cual se hizo pública a través de muchísimos medios de comunicación de la provincia, la Fiscalía de Jesús María actuó de oficio y, de esa manera, quedó asentada la denuncia contra los uniformados.  

Seis años después, en 2018 la causa es elevada a juicio, resultando sentenciados los efectivos antes mencionados en carácter de “coautores de los delitos de coacción y privación ilegítima de la libertad, pena de tres años de prisión a la ejecución condicional y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos”, según referenció Farías, quien señaló que la decisión de la justicia fue apelada y elevada al Tribunal Superior y al aguardo de novedades.

Irregularidades y piezas que faltan

Franco contó que tras seis años de espera (en 2018, cuando empezó el juicio), se sintió muy movilizado, incluso por las piezas del rompecabezas que aún no logran ser halladas como el policía que los detuvo en la terminal o el comisario que estaba a cargo del operativo en su momento.

Pero eso no es todo, Farías señaló que en el juicio se logró comprobar la adulteración de una parte del Libro de Actas, luego de hacerse pública la denuncia: “No hay registro de nuestro ingreso, de la detención, dosaje, estudio de sangre, nada”, dijo.

A pesar de todo lo ocurrido, el periodista cuenta que durante “los primeros tiempos”, los policías imputados fueron apartados de la actividad pero que hasta el momento del juicio uno de ellos prestaba servicios en Estación Juárez Celman, mientras que el otro lo hacía en Río Ceballos, ambos para la Departamental Colón de Policía.

La impotencia y el miedo

“Sentí mucha impotencia. (…) – si bien - todavía no hay justicia, porque se espera que el fallo quede firme, tuvimos la suerte de que se nos escuche porque yo trabajaba en un medio de comunicación, pero probablemente hay muchos casos de muchos chicos que no han estado cometiendo ningún delito y la policía los quería detener, golpear, llevarlos a la comisaría y quizás era difícil después creerles que no estaban haciendo nada… de eso se valía la policía”, reflexionó.

“Cuando uno ve un policía en una esquina, tiene que tener la sensación de seguridad (…) y, lamentablemente, la sensación que te da, en muchos casos, es miedo. (…) La impunidad con la que esta gente se manejó, fue tremenda”, dijo.

Sobre el final, llamó a la reflexión de nuestras autoridades y pidió al Gobierno de Córdoba, a los ministerios competentes, rever los criterios de formación del personal actuante.

17-08-2020