Así lo determinó la Cámara de Casación de Comodoro Py, que ordenó la realización de un nuevo proceso. La decisión incluye fuertes cuestionamientos a los jueces del Tribunal Federal N°2 que habían emitido la sentencia absolutoria. Dialogamos con uno de los abogados querellantes, el Dr. Mauricio Arriagada.
En 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Salta —integrado por los jueces Domingo José Batule, Mirta Liliana Snopek y María Alejandra Cataldi— dictó un fallo que exoneraba a los jefes de Gendarmería Nacional con poder de decisión al momento de la tragedia.
El hecho ocurrió el 14 de diciembre de 2015, cuando 43 efectivos de Gendarmería Nacional murieron al caer al vacío el colectivo en el que viajaban, en la localidad salteña de Rosario de la Frontera. Los uniformados habían partido desde Santiago del Estero rumbo a Jujuy para participar en un operativo de seguridad.
Luego de un extenso proceso judicial, con más de diez meses de audiencias, el tribunal absolvió a los comandantes Méndez, Maidana, Germán y Bordón, quienes cumplían distintas funciones en el Destacamento Móvil V de Gendarmería Nacional.
La querella, encabezada por el Dr. Mauricio Arriagada, apeló el fallo. La Cámara de Casación dio lugar al planteo y anuló todo el proceso, que deberá realizarse nuevamente con un nuevo tribunal.
Según explicó el abogado, especializado en derecho castrense, el tribunal de alzada consideró que hubo “defectos graves de fundamentación y de razonamiento”, lo que en la práctica implicó “legalizar la impunidad de los acusados”.
Casación también señaló en su resolución la “aplicación errónea de la ley sustantiva”, lo que derivó en la nulidad de la sentencia.
En diálogo con Radio de Noticias Jesús María, Arriagada advirtió que durante el juicio se ignoraron los múltiples y reiterados avisos verbales que realizaron los choferes del colectivo antes del accidente.
Entre ellos mencionó al Sargento Primero Eduardo Ruiz, quien advirtió al Jefe de Logística, Cte. Juan Carlos Germán; al Sargento Osvaldo Esteban Venic, que informó al Suboficial Mayor Villasanti, encargado de Motorizada; y al Cabo Primero De Oliveira, quien también alertó a Villasanti sobre las cubiertas deformes del vehículo.
El colectivo tenía ocho años de antigüedad y carecía de la revisión técnica obligatoria, aunque igualmente se encontraba operativo.
“No se valoró la prueba conforme a lo que se ofreció en más de diez meses de debate”, afirmó Arriagada.
El abogado sostuvo que debe profundizarse la investigación sobre la conducta de los jefes de Gendarmería que tenían poder de decisión en ese momento.
Arriagada calificó como “un obrar totalmente desastroso” la actuación de los jueces que emitieron la primera sentencia, y ratificó que todo el juicio deberá realizarse nuevamente.
También remarcó que los jefes implicados continúan perteneciendo a Gendarmería Nacional, cuando —según dijo— cualquier otro efectivo en su lugar ya habría sido destituido.
En aquel momento, la ministra de Seguridad era Patricia Bullrich, bajo la presidencia de Mauricio Macri. Aun conociendo el mal estado del vehículo, los superiores autorizaron su salida a la ruta, aseguró el abogado.
“Es un sentimiento de alivio —para los familiares—”, expresó Arriagada, quien subrayó el destrato institucional que recibieron.
El letrado ya se está preparando para el nuevo proceso judicial, que volverá a sentar en el banquillo a los jefes absueltos en 2024. Su objetivo, dijo, es encontrar justicia por los 43 gendarmes que murieron en cumplimiento del deber, pero que no fueron cuidados como correspondía.
