La obra social de las fuerzas armadas notificó alrededor de 1400 desvinculaciones a nivel nacional. El recorte no sólo se limita a los hoteles, sino también a las farmacias y centros de atención a al público. En Córdoba serían 450 los agentes cesanteados.
Los trabajadores de los hoteles que pertenecían a IOSFA (Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad), que pasará a llamarse OSFA, vienen sosteniendo un plan de lucha por sus fuentes laborales desde hace varios meses.
Entre fines de septiembre y principios de octubre se anunció la desvinculación de una gran cantidad de agentes que prestaban servicios en estos centros recreativos, ubicados en distintos valles turísticos de la provincia de Córdoba.
Esto generó un recrudecimiento del conflicto, que terminó con la toma de la sede central de la entidad por parte de los representantes de ATE. A su vez, se realizaron protestas e intervenciones en todos los lugares de trabajo.
En nuestra provincia, la obra social tiene hoteles en Villa General Belgrano, Cosquín, La Falda, Ascochinga, Villa del Dique, Santa Rosa de Calamuchita y Los Reartes, aunque todos pasarán a manos de las Fuerzas Armadas debido a la crítica situación financiera que atraviesa la entidad.
El pasado viernes los trabajadores que se consideraban en situación de “dotación inicial”, que es un paso previo a quedar efectivos en la administración pública, recibieron la notificación de que pasaban nuevamente a ser contratados por tiempo indeterminado.
Horas después, llegó una segunda misiva de la administración de la obra social, con un mensaje que resumieron en dos renglones: “… hago saber a usted, que la relación contractual en los términos del Artículo 9 de la Ley 25.164 con el organismo, culmina el 30 de noviembre de 2026”. En otras palabras, les informaban que quedaban desvinculados en forma definitiva.
Marcela Chávez es una de las agentes afectadas y, además de ser integrante de la mesa directiva de ATE Córdoba, trabaja hace 39 años en el Hotel Golf de la localidad de Ascochinga. Sólo en este complejo, son 63 los empleados que quedarán sin su fuente laboral.
“Es un asco, es repudiable todo lo que está pasando”, afirmó. Muchos de sus compañeros son jefes de familia y cobran sueldos que, en promedio, no sobrepasan los 700 mil pesos.
En la provincia de Córdoba se estima que serían alrededor de 450 trabajadores los que quedarían cesanteados. En el caso de Ascochinga, 63 obreros se quedarían literalmente en la calle.
De acuerdo a la información que manejan a nivel gremial, la obra social cerrará todas sus sedes administrativas y sólo quedará activa la de Córdoba Capital, que tiene un total de 53 empleados.
Por el momento están realizando una evaluación legal de la situación y comenzarán un plan de lucha para tratar de revertir la situación.
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04-11-26
