Se realizará en la Cámara 2° del Crimen de la ciudad de Córdoba a partir del 12 de noviembre. Se juzgará la responsabilidad que pudo tener el entonces Presidente de Vialidad Provincial, Raúl Bertola
Durante la madrugada del 1 de noviembre de 2013, un intenso temporal azotó Jesús María y gran parte de la región, provocando una creciente histórica que terminó haciendo colapsar la estructura del puente centenario, ubicado en plena zona urbana.
Ese paso vehicular, como su nombre lo indica, tenía más de cien años y estaba en malas condiciones.
El remisero Arturo Maturano, que había salido a trabajar, intentó cruzar sin advertir lo sucedido y terminó cayendo al embravecido río, muriendo casi en el acto.
Sus restos fueron encontrados 36 horas después, a más de cuatro kilómetros del lugar donde perdió la vida. La autopsia determinó que falleció por “asfixia por sumersión”.
El caso causó conmoción en toda la comunidad, ya que se trataba de una persona muy conocida, justamente por la actividad que desarrollaba.
Luego de un proceso judicial extenso y complejo, el Fiscal de Instrucción de Jesús María, Dr Guillermo Monti, elevó la causa a juicio, teniendo como único imputado al entonces presidente de Vialidad Provincial, Raúl Edgardo Bertola.
Acusado de “homicidio culposo”, la Instrucción consideró que el funcionario conocía de antemano la situación precaria en la que se encontraba el puente, pero no se hizo nada para encontrar una solución. Esto fue ratificado luego por el Juzgado de Control.
Antecedentes de la tragedia
Un informe técnico del Departamento 1 de Estudios y Proyectos de la Dirección Provincial de Vialidad, fechado el 8 de marzo de 2010 y firmado por los ingenieros civiles Marcelo Martínez y Susana Beatriz Faustinelli, daba cuenta de la gravedad del asunto.
Ambos profesionales concluyeron que era necesario que se restituyera la sección de mampostería de ladrillo de la fundación con mortero cementicio del puente. Además, detallaron que la restitución debía hacerse en forma inmediata y recomendaron que el mismo se mantuviera cerrado al tránsito vehicular y peatonal.
Sin embargo, el escrito fue archivado y Bertola, que estaba a cargo de Vialidad, no siguió ninguna de las recomendaciones.
El Dr Carlos Nayi es el abogado querellante que representa a la familia Maturano y sostuvo que la tragedia pudo ser evitada si tan sólo se hubiesen tomado en cuenta las advertencias técnicas.
Aseveró que las autoridades de Vialidad Provincial sabían que el puente “constituía un peligro para la seguridad pública y miraron para otro lado”.
Pedirán un cambio de calificación
Nayi adelantó a NJM que, aunque Bertola llega al juicio imputado de homicidio culposo, intentará apoyarse en las pruebas para solicitar un cambio de calificación a “homicidio simple con dolo eventual”, un delito que tiene una escala penal de hasta 25 años que prisión.
En su opinión, antes del trágico hecho que le costó la vida al remisero, hubo previsibilidad del posible resultado, representación del peligro y desprecio por la vida.
Las audiencias se desarrollarán en la Cámara 2° del Crimen a partir del 12 de noviembre y ese será el ámbito donde se discutirán los cargos que pesan sobre el ex titular de Vialidad.
“Si estaba recibiendo un informe donde le anticipaban que había riesgo de derrumbe, que el agua se estaba comiendo el terreno, se estaban socavados los pilares y había que hacer una estructura de cemento para fijar las bases del puente, pero nada de eso se hizo, debió representarse que la tragedia estaba dentro de las posibilidades, por lo que es muy probable que plantee homicidio simple con dolo eventual”, ratificó.
Solicitaron la absolución de Bertola
La defensa de Bertola solicitó la absolución del ex funcionario y planteó la imprudencia del propio Maturano, algo que fue desestimado en forma tajante por la Cámara de Acusación presidida por Patricia Farías, Carlos Salazar y Maximiliano Davies.
Consideraron que sería “temerario sostener que Maturano conocía que la vida útil del puente había llegado a su fin y aun así decidió traspasarlo”, dado que la responsabilidad de proteger la vida de las personas era responsabilidad de los funcionarios que podían tomar decisiones en ese momento.
Nayi aseguró que es un caso inédito, dado que el objetivo es evitar la impunidad de quienes ocupan lugares de poder e intentan cubrir un hecho de semejante gravedad con una reparación económica.
“Acá la historia cambió, lo que se busca son responsabilidades penales”, culminó el abogado, que habla en representación de Edith Gabriela, Natalia Judith, Alberto Arturo y Walter Adrián, los hijos de Arturo Maturano, que ahora le da nombre al puente que reemplazó la vieja estructura que le terminó costando la vida.
